Si la historia del cannabis moderno se escribiera en volúmenes, el capítulo de 2025 no llevaría por título «La Gran Liberación», como muchos optimistas del Green Rush pronosticaban al inicio de la década. Más bien, los historiadores futuros observarán este año como el periodo de la madurez forzosa y la burocratización extrema. Tras la ruptura simbólica que supuso Alemania en 2024, el año 2025 ha sido el escenario donde la realidad administrativa ha chocado frontalmente con los deseos de una apertura comercial rápida. Y lo que viene en 2026 presenta igualmente una marcada complejidad institucional para todos los gustos.
Desde Kannabia, hemos sido testigos de cómo la narrativa global sobre el cannabis ha mutado. Ya no se habla tanto de legalización integral como panacea económica, sino de marcos regulatorios de acceso controlado, trazabilidad farmacéutica y medicalización estricta. Europa se ha transformado en un inmenso laboratorio a distintas velocidades, mientras América Latina equilibra su potencial exportador con los derechos de sus usuarios. El cierre de 2025 nos deja un mapa de asimetrías profundas: mientras la República Checa estrena 2026 permitiendo plantar en los balcones, en España los pacientes medicinales celebran una victoria que sabe a poco, confinados a la farmacia del hospital. Veámoslo con más detalle.
España ante una ley medicinal estricta
España vivió en 2025 su año legislativo más trascendental, aunque el resultado dista mucho de la regulación integral que muchos esperaban, ya que el foco ha estado puesto exclusivamente en lo sanitario, dejando al usuario recreativo en la misma zona gris de siempre.
El hito del año fue la aprobación del Real Decreto 903/2025 el pasado octubre, que regula por fin el cannabis medicinal. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha optado por un modelo donde la dispensación se limita a farmacias hospitalarias, obligando a los pacientes a entrar en el circuito de atención especializada y excluyendo a las farmacias de barrio. Además, la normativa ignora la realidad de la planta: se autorizan fórmulas magistrales de aceites estandarizados, pero se excluye explícitamente la flor (el cogollo) para vaporización, negando una vía de administración clave para el alivio rápido del dolor agudo.
Para dar soporte a esta ley, la agencia del medicamento (AEMPS) acaba de publicar su monografía técnica, un manual riguroso que estandariza los preparados en base a su ratio thc/CBD y advierte severamente sobre los riesgos en la conducción. Esto nos lleva al eterno conflicto con la DGT: la nueva ley no ha solucionado el problema de los test de saliva. Los pacientes medicados legalmente siguen expuestos a multas de 1.000 € y pérdida de puntos si dan positivo por presencia de THC, aunque no conduzcan bajo sus efectos, perpetuando una inseguridad jurídica flagrante.
En el ámbito recreativo, la situación de los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) se ha tensado, especialmente en Barcelona, ya que el Ayuntamiento ha intensificado las inspecciones urbanísticas, forzando a las asociaciones a blindar sus accesos: el «turismo de club» es historia. Ahora, la exigencia de residencia efectiva y los periodos de carencia son la norma para evitar cierres inmediatos.
Una Europa a tres velocidades
Si elevamos la vista más allá de los Pirineos, 2025 ha confirmado que Europa no avanza al unísono. El sueño de un mercado único se ha fragmentado en bloques con filosofías divergentes.
Alemania, el gigante que prometía liderar el cambio, se ha visto ralentizado por su propia burocracia. Tras la legalización parcial de 2024, el despliegue de los «Anbauvereinigungen» (clubes de cultivo) ha sido mucho más lento de lo previsto. A finales de 2025, el país contaba con apenas 357 clubes con licencia operativa, frenados por requisitos técnicos draconianos en estados conservadores como Baviera. Además, el plan para el «Segundo Pilar» (proyectos piloto de venta comercial) quedó paralizado por la inestabilidad política y la ruptura de la coalición de gobierno, dejando el mercado comercial en un limbo.
En contraste, la República Checa se ha posicionado como el alumno aventajado. Desde el 1 de enero de 2026, ha entrado en vigor una reforma histórica que valida el autocultivo como derecho. Los ciudadanos checos ahora pueden cultivar legalmente hasta 3 plantas y poseer hasta 100 gramos de flor seca en sus hogares. Praga ha optado por un modelo pragmático de despenalización ampliada: ante la dificultad política de abrir tiendas comerciales de inmediato, han liberado al usuario y al cultivador doméstico, convirtiéndose en un referente de libertades individuales en Europa Central.
Mientras tanto, los Países Bajos han decidido arreglar su famosa paradoja. El «Wietexperiment» (experimento de la cadena cerrada) entró en su fase decisiva en abril de 2025. En las ciudades participantes, los coffeeshops ya no pueden vender cannabis del mercado negro; todo el producto debe provenir de cultivadores licenciados y rastreados. Es el fin histórico de la política de tolerancia ciega; Holanda exige ahora trazabilidad total de las semillas de cannabis a la venta, profesionalizando el sector a marchas forzadas.
Por su parte, Suiza sigue apostando por la ciencia como escudo político. Sus proyectos piloto de venta regulada, como el exitoso Züri Can, se han extendido hasta 2028. Los datos de 2025 son contundentes: reducción del mercado negro y estabilidad en el consumo, creando una base de evidencia irrefutable para una futura ley federal.
Fuente del articulo: https://www.kannabia.com/